Inicio

La Procuraduría General del Estado presentó este 29 de mayo de 2024 la acusación particular, en representación del Estado ecuatoriano, en contra de 11 procesados por delito de delincuencia organizada en el caso Purga.

La acusación fue presentada ante la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia.

En el listado se encuentran: Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta; Mónica Avelina Alvarado Bardi, esposa de Pablo Muentes; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas; Ruth Catalina Solano Padilla, exprocuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; Fausto Alfonso Alarcón Gómez, empresario y primo de Pablo Muentes y los jueces Johann Gustavo Marfetán Medina, Henry Robert Taylor Terán, Nelson Mecías Ponce Murillo, Reinaldo Efraín Cevallos Cercado, Alberto Lino Tumbaco y Guillermo Pedro Valarezo Coello.

La acusación particular se realizó con base en el artículo 441, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que reconoce al Estado la condición de víctima de la infracción penal. Además, los artículos 11, numeral 1 y 432, numeral 3 y 438 inciso segundo del COIP le facultan al Procurador intervenir en calidad de acusador particular en defensa del Estado ecuatoriano y de sus instituciones.

De conformidad con el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, y, artículo 78 numerales 3 y 4 del COIP, esta Procuraduría solicitará que en sentencia se ordene el cumplimiento de medidas de satisfacción y de la reparación material que corresponda.

La Procuraduría General del Estado reitera su compromiso en la defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió, este 23 de mayo de 2024, su decisión respecto a la solicitud de medidas provisionales realizada por los Estados Unidos Mexicanos dentro del caso iniciado por dicho país en contra de la República del Ecuador, por la detención del ciudadano Jorge Glas Espinel en la Embajada de México, en Quito.

Como resultado de la defensa técnica y jurídica del equipo patrocinador de Ecuador, conformado por esta Procuraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la CIJ resolvió desestimar el pedido de los Estados Unidos Mexicanos al considerar que, al momento, no existen circunstancias que justifiquen la emisión de medidas provisionales pues no hay urgencia ni riesgo real e inminente de un daño irreparable a los intereses de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al estándar del artículo 41 del Estatuto de la Corte.

La decisión unánime acogió, en su totalidad, la argumentación ecuatoriana de que dicha petición era innecesaria, a la luz de las garantías ofrecidas por Ecuador a la legación mexicana, las residencias del personal diplomático y los archivos de dicha representación.

Esta decisión es un paso importante para sustentar la posición de Ecuador en el referido proceso. El Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea Valencia, destaca la labor del equipo técnico que tiene experiencia probada en casos ante la CIJ. El equipo continuará trabajando en las siguientes etapas del litigio en defensa de nuestro país.

Es importante recordar que la República del Ecuador también presentó una reclamación en contra de los Estados Unidos Mexicanos por violación a las normas internacionales de asilo ante la Corte Internacional de Justicia.

La Procuraduría General del Estado ratifica su compromiso infatigable en la defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano.

En referencia a los procedimientos seguidos ante la Corte Internacional de Justicia con relación a las controversias entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Ecuador, la Procuraduría General del Estado (PGE) informa que para la defensa de los intereses estatales se ha integrado un equipo liderado principalmente por los siguientes abogados expertos en Derecho Internacional Público, cuya trayectoria incluye probada experiencia en casos ante esta Corte: Michael Woods, Sean Murphy, Alfredo Crossato y Omi Sender.

Los abogados, recomendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), junto con la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje de esta Procuraduría y la Coordinación de Asesoría Jurídica del MREMH, preparan la defensa internacional del Estado ante la Corte Internacional de Justicia con miras a la Audiencia de Medidas Cautelares que se realizará este 30 de abril y 1 de mayo de 2024.

El embajador del Ecuador en los Países Bajos, Andrés Terán Parral, actuará como Agente de la República de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. En la delegación también estará la directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la PGE, Ana María Larrea.

Un estudio jurídico internacional y especializado en recuperación de activos fue contratado por la Procuraduría General del Estado para analizar los escenarios jurídicos e iniciar las acciones que permitan al Estado ecuatoriano recuperar los bienes que el excontralor general del Estado, Carlos Pólit, posee en Miami (Estados Unidos).   

Pólit, quien ha sido declarado culpable por un jurado federal del estado de Florida por lavado de activos, fue sentenciado por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador por el delito de concusión y con el pago de USD 40´400.000,00 dólares.

En este contexto, la Procuraduría ha verificado que existe la opción de solicitar al Gobierno de Estados Unidos el reparto internacional de activos basado en la cooperación internacional, la cual se contempla en la legislación norteamericana y en la Convención Interamericana sobre Asistencia Legal Mutua Penal, de la cual son parte Ecuador y Estados Unidos.

La PGE se encuentra coordinando acciones con las entidades pertinentes para que Ecuador pueda remitir oficialmente la solicitud de reparto internacional de activos.