Como beneficiaria de la referida condena consta la compañía Interamerican Asset Management Fund Limited (IAMF), domiciliada en las Bahamas, cuyo propietario es el Banco Continental Overseas Curacao, de propiedad del Banco del Pacífico (entidad financiera ecuatoriana, cuyo capital pertenece a la CFN).
El Estado ecuatoriano, a través de IAMF, volverá a las Cortes de las Bahamas para obtener la liquidación total del monto que los demandados deben pagar al Ecuador, e iniciará las acciones en las jurisdicciones donde Conticorp, o los señores Ortega Trujillo mantengan bienes que puedan cubrir el valor de la deuda.
En su sentencia el Consejo Privado de la Reina devela las estrategias financieras utilizadas por Conticorp y los Hermanos Luis, Leonidas y Jaime Ortega para perjudicar al Estado y a sus entidades relacionadas, conforme la siguiente referencia textual: “Este caso se refiere a tres operaciones ("las transacciones de los GDR") mediante las cuales, en efecto, la segunda demandante ("IAMF") transfirió a la Primera Demandada ("Conticorp") una cartera de préstamos e intereses en varias empresas que tienen un valor nominal de más de 190 millones de dólares, a cambio de recibos de depósito global ("GDR") y las acciones en el Grupo Financiero Conticorp ("GFC"), que en última instancia resultó no tener valor.”
Además, la Corte añadió: “IAMF” reclama los daños causados por las demandadas por brindar una deshonesta asesoría al señor Michael Taylor (Director único de IAMF que seguía las instrucciones de los hermanos Ortega) para cometer lo que “IAMF” alega fueron incumplimientos del deber fiduciario con “IAMF”.
Por tanto, el Comité Judicial del Consejo Privado aconsejó a la Reina que se admita la apelación de “IAMF” en función de que: “… (1)Las demandadas son conjunta y solidariamente responsables por brindar asesoría deshonesta al Michael Taylor para ser parte de las tres transacciones del GDR incumpliendo con su deber fiduciario con “IAMF”; (2)“IAMF” tiene derecho a recuperar de las demandadas el valor nominal de los préstamos y de las acciones transferidas Conticorp de conformidad con el valor que la Junta calcula, sujeto a corrección de las partes dentro de 21 días, como $ 191,953,517.50”
Con respecto a este logro jurídico, el Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión sostuvo: “Con el resultado de este fallo, se evidencia el esfuerzo realizado por el Estado para la recuperación de los recursos que le pertenecen a todos los ecuatorianos, ello se logró gracias a la perseverancia ante las Cortes una vez que, a pesar de la defensa, no se obtuvo los resultados esperados en las dos instancias inferiores, asumiendo la Procuraduría General del Estado la última instancia en la que se logró, finalmente, la condena esperada en función del perjuicio ocasionado en 1996, por la crisis del Banco Continental”.
La sentencia es un documento público y está disponibles en: www.jcpc.uk/decided-cases/index.html